Justificación para una ONG anticorrupción salvadoreña

Marzo de 1999

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La corrupción obstaculiza la democracia, agrava los problemas económicos, sociales y políticos, y amenaza la paz.

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Introducción

Con los Acuerdos de Paz de 1992 y el fin de la guerra en El Salvador, nació la esperanza de una paz verdadera y sostenible, y una nueva condición que promueva y facilite la primera experiencia significativamente democrática que el país ha conocido. A la vez, emergió un nuevo entendimiento en mucha gente sobre las implicaciones devastadoras de la cultura de corrupción a ese proceso.

En un país tan pequeño como El Salvador, los recursos naturales y del Estado son limitados para las necesidades de reconstrucción y reconciliación, y son mucho más insuficientes cuando también consideramos los problemas de la sobrepoblación y de la destrucción ambiental, que existen como las peores en todo el hemisferio, el alto índice de pobreza, y la distribución económica que posiblemente es lo más desigual en el mundo.

Para responder a este escenario frágil y los numerosos problemas relacionados con ello, como la violencia exagerada que atormenta el país, el gobierno salvadoreño debe manejar los recursos públicos y otros que vienen del extranjero con mucho cuidado y eficiencia. Sus sistemas judicial, fiscal y de administración financiera, auditoría y control deben ser independientes políticamente, autónomos, honestos y deben actuar con eficacia para detectar, castigar y refrenar el abuso de poder y el mal uso y robo de los recursos públicos preciosos y limitados que son tan importantes para el desarrollo y estabilidad del país.

Esfuerzos internacionales

Por décadas, organismos internacionales han invertido cantidades de dinero en América Latina y el Caribe para fomentar el crecimiento económico, la democracia y el desarrollo sostenible. Después de muchas experiencias, en las cuales millones de dólares fueron perdidos, mal utilizados o simplemente robados por gobiernos caracterizados por la clientela, anacronismo y corrupción, algunos países y organismos internacionales decidieron hace diez años promover reformas para modernizar los sistemas de administración financiera, como una estrategia para reducir el alcance de la corrupción y facilitar más eficiencia, transparencia y ética en el manejo de los fondos públicos.

Los resultados buscados han sido: la reducción de la corrupción; que los empleados públicos estén más comprometidos a ayudar a su país y se desempeñen con mística de trabajo y espíritu de servidor público, además que reciban mejores salarios y prestaciones a través de un sistema de servicio civil; que los países afectados sean más auto-suficientes y estén respondiendo con más éxito a las crecientes necesidades sociales; que la ciudadanía tenga más confianza en su gobierno; y que los organismos internacionales se sientan más seguros para financiar proyectos en esos países.

La participación ciudadana

Estos mismos organismos internacionales han reconocido que sus esfuerzos no son suficientes sin el apoyo de un ciudadano que entienda y ejerza su derecho y demuestre su obligación de exigir un honrado y justo manejo de los fondos públicos y mejores servicios. Lastimosamente, estos organismos no han proporcionado mucho apoyo a los esfuerzos anti-corrupción y han ofrecido ayuda a individuos, ONGs y a oficinas gubernamentales que se han apropiado de la cruzada anti-corrupción solamente para fines oportunistas, y usualmente partidarios, y no para el mejoramiento del país.

Aprendiendo del pasado

El Equipo de Probidad ha trabajado individual y conjuntamente en muchos frentes contra la corrupción desde 1993. Ha iniciado, facilitado, coordinado, implementado y participado en la mayoría de los esfuerzos para promover la transparencia en la gestión pública. Todas sus actividades no-partidarias fueron ejemplos de cómo los ciudadanos pueden organizarse y participar en las tareas de reformar y modernizar al Estado, y contribuyeron significativamente a la revisión y aprobación de las propuestas de leyes de la Corte de Cuentas y de la Administración Financiera del Estado y al debate sobre nuevos perfiles de presidente y magistrados de la Corte de Cuentas. Siempre han trabajado en favor de estas reformas y en otras iniciativas anti-corrupción sin goce de suelo u otra compensación económica y muchas veces han financiado actividades con su propio dinero. Además de esto, aunque sus actividades desde 1993 han incluido redes y contactos tras diversos sectores de la sociedad y con organismos internacionales, no están afiliados a ningún partido político ni dependen de los fondos de ninguna organización.

Algunos de los miembros del Equipo de Probidad han trabajado en la Corte de Cuentas, con organismos internacionales ó con ONGs que promueven el derecho, la reforma judicial y la investigación. Aún más importante, todos iniciaron, organizaron y/o coordinaron, participaron en, o financiaron Probidad. El nombre de la Revista Probidad significa la reunificación de los actores más activos en Probidad y fieles a sus objetivos y lineamientos de trabajo originales: trabajo de equipo, participativo, responsable, honesto y sin intereses políticos u oportunistas.

A través de un trabajo amplio, novedoso y muchas veces fuera del ojo público, los miembros del Equipo de Probidad han sido testigos de un fenómeno trágico que desafortunadamente existe en muchos países: la apropiación de los esfuerzos anti-corrupción por individuos con ambiciones políticas que tratan de monopolizarlos y de cultivar su imagen pública a través de: (a) amistades en los medios de comunicación, (b) la fachada de una ONG que les ha funcionado y servido como una tarjeta de presentación, y (c) la manipulación de la ignorancia de la comunidad internacional sobre las idiosincrasias históricas, culturales, socioeconómicas y políticas de los países donde se encuentran trabajando. Es importante notar que Probidad, fundada en 1994, se deshizo entre 1997-1998 debido a su apropiación por uno de sus miembros.

Una nueva estrategia anti-corrupción que aprende de las lecciones buenas y malas del pasado es esencial para limpiar y robustecer el "movimiento" contra de la corrupción en El Salvador. La reunificación del Equipo de Probidad y el renacimiento de Probidad en 1999 representan un esfuerzo para evitar los errores del pasado, ampliar los espacios de participación, y repensar nuevas estrategias que promueven la transparencia en la gestión pública y una nueva cultura política, participativa, democrática y moral.